FERRYBALEAR, CARLOS CANTÓN ZETINA
Parece un episodio de la saga Piratas del Caribe, con su truculento capitán Jack Sparrow listo para embestir al enemigo. ¡Al abordaje!.
La nueva empresa naviera en Quintana Roo, que cubre la ruta marítima entre Cozumel y Playa del Carmen, surgió el 16 de febrero en medio de una sospechosa historia de artificios políticos y un rosario de dudas que bien harían en disipar los gobiernos federal y estatal.
Es un negociazo familiar con padrinos de lujo, Enrique Peña Nieto a la cabeza, en un probable conflicto de intereses, uno más que protagonizaría el Presidente.
Su facturación será de más de 500 millones de pesos al año, pues se calcula que unos 2 millones de pasajeros cruzan los 18 kilómetros que separa a ambos polos turísticos, de los más importantes en el país. (Cozumel es el principal destino de cruceros en el mundo, de ahí es originario el gobernador priista Roberto Borge Angulo).
Apenas en diciembre, Ramón Humberto Escalante Cervera, noveno regidor del ayuntamiento cozumeleño, advirtió que podría haber conflicto de intereses con la creación de esa tercera naviera.
Al menos desde 2009 empezó el cabildeo para la puesta en marcha de la línea marítima pero el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa le negó sistemáticamente los permisos correspondientes, por diversas irregularidades.
Ahora, la administración priista de Peña Nieto dio el visto bueno. Es una “decisión de la Federación” (aprobar la naviera), dijo Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, de la SCT federal. De repente ya no hay anomalía alguna. EPN está embarcado…
Para empezar debiera aclararse si a los capitanes de “Barcos del Caribe” (nombre comercial de la nueva empresa) se les perdonará el pago de impuestos.
Desde 2009 en que empezó el cabildeo para crear la línea marítima, aunque con otros nombres como el de “Isla de la Paz” y “Naviera Turística de Quintana Roo”, trascendió que el grupo político-empresarial que la timonea solicitó que le cedieran al gobierno local un muelle de cabotaje que administraba la SCT, y así evitar el pago del gravamen sobre uso de puertos.
EL GOBERNADOR, PROMOTOR
Sólo así, libres de tal impuesto, se explicaría que “Barcos del Caribe” aplique tarifas mucho más bajas que las otras dos navieras. Éstas cobran 126 pesos el viaje sencillo mientras que la nueva únicamente 60 pesos y ofrecerá diariamente 10 viajes redondos.
¿Realmente el muelle fue desincorporado de la SCT y traspasado a las autoridades de Quintana Roo?. Y si así es, ¿por qué motivo?.
Con el abatimiento de pasajes borrarían del mapa a las otras dos empresas (Molina-Aviomar y Ultramar) que operan actualmente, y no por la competencia en igualdad de circunstancias. Entonces sí se creará un gran monopolio, y con toda la fuerza del poder estatal.
Otro punto a aclarar: ¿los reales dueños de “Barcos Caribe” son parientes del ex gobernador priista Félix González Canto y del actual mandatario Borge, como se ha mencionado desde hace años?.
El 17 de marzo de 2010, el periodista Alberto Barranco Chavarría publicó en su columna “Empresa” del diario El Universal (el título, “Góber Marino”) que familiares cercanos a Borge eran socios de “la firma llevaría la razón social Naviera Turística de Quintana Roo”, antecedente de “Barcos Caribe”. Coincidente fue la afirmación, el 27 de abril de ese año, del analista financiero Gabriel Rodríguez, de Info-Transportes, quien añadió a otro socio: el veracruzano Saúl Muñoz.
El pasado lunes 16, en Cozumel, Borge junto con Ruiz de Teresa, formalmente echaron a andar la tercera naviera que pertenece al consorcio Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S. A de C. V. y que opera con dos barcos ya usados: Caribe I y Caribe II.
Los anuncios previos al lanzamiento siempre corrieron a cargo de Ercé Barrón Barrera, actual director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (API), una empresa concesionada por el gobierno federal en agosto de 1994 al estatal; su consejo de administración lo preside el Ejecutivo local.
Barrón Barrera tiene sello priista: fue Tesorero General del estado con González Canto y ratificado en ese puesto por Borge al asumir en abril 2011.
Juan Carlos González Hernández, ex alcalde de Cozumel y ex secretario estatal de Turismo, primo de González Canto, fue siempre “vocero” de la tercera naviera.
Borge no sólo presidió la inauguración sino que, al día siguiente, martes 17, subió a YouTube un video que es una clara promoción a la empresa.
Borge no sólo presidió la inauguración sino que, al día siguiente, martes 17, subió a YouTube un video que es una clara promoción a la empresa.
No se recuerda alguna otra vez en que el gobernador priista actuara con tanta premura para hacerle publicidad ¡a una empresa privada!. También, la nota fue ampliamente destacada por la prensa quintanarroense, cooptada por Borge.
En el acto de arranque de “Barcos Caribe” estuvo presente Franco González Padrón, como “apoderado legal” de la compañía. Es tío de González Canto, gobernador de 2005 a 2011.
Franco sería en realidad uno de los propietarios de la empresa, igual que su hijo Juan Carlos González. También Javier Zetina González, otro primo del ex gobernador Félix.
El 5 de octubre de 2009, Lourdes Mendoza, del diario Reforma, publicó que “Zetina González, director de Puertos de Quintana Roo –cuyo Consejo preside González Canto– accedió a liberar un muelle de cabotaje para esta naviera, lo que aseguraría su sobrevivencia al no pagar uso de puerto”.
En cuanto a Franco González, figura como socio (no “representante legal”) que constituyó la sociedad mercantil “Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V”, de acuerdo a un oficio atribuido en autoría a la notaría 69 de Chetumal a cargo de Marianela Peyrefitte Ferreiro. Otro socio, Celso González Hermosillo y Melgarejo.
Además, Franco González llega con una historia de fracasos. Tuvo anteriormente dos navieras, “Compañía Marítima Chan Kaanab” y “Marítima de Quintana Roo”, que por su mala administración llevó a la quiebra. Los barcos se vendieron como chatarra y muchos terminaron encallados entre arrecifes, uno en Banco Chinchorro en 2005. Nunca fue sancionado por los daños ecológicos. Las empresas eran de la Federación y durante el sexenio de Carlos Salinas fueron desincorporadas.
El 21 de julio de 2010, puso a funcionar un ferry (transbordador) chafa para cubrir la ruta Isla Mujeres-Punta Sam. Mintió al decir que era nuevo. En realidad fue construido en 2006 y medio reconstruido en astilleros de Corea.
¿Por qué la SCT calderonista que presidía Juan Molinar Horcasitas negó los permisos a la empresa?. Aquí los motivos:
1.- La obsolescencia de los barcos adquiridos, que no garantizaba la seguridad de los pasajeros.
2.- Los dueños no justificaron el carácter “comunitario” que tendría la empresa, supuestamente aportando el 5% de sus ganancias al ayuntamiento de Cozumel.
3.-La Comisión Federal de Competencia (CFC), que dirigía Eduardo Pérez Motta, no encontró las presuntas prácticas “monopólicas” en las que, según los socios de “Isla de la Paz”, incurren Ultramar (de Germán Orozco Sarro) y Barcos México o Aviomar (de José Trinidad Molina).
4.- La SCT tampoco encontró sustentada la solicitud de Javier Zetina de liberar el muelle fiscal San Miguel a favor de su nueva naviera, lo cual le otorgaría el privilegio (del que carecen las otras dos empresas) de no pagar impuestos por “uso de puerto”.
La inacabable corrupción con Peña Nieto
En el gobierno del priista Enrique Peña Nieto siguen los escándalos por corrupción. Y a diferencia del auditor indecente de Quintana Roo, Emiliano Novelo, quien tapa toda corruptela, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí hace su chamba.
Ahora son dos secretarías de Estado del régimen fallido de EPN donde se detectaron malos manejos del dinero público. Y en ambos casos está “casualmente” involucrada la universidad de donde es originario Peña Nieto: Edomex.
Sobresale la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el hecho criminal de lucrar con el hambre de los mexicanos marginados.
La ASF determinó que a través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Sedesol encabezada por Rosario Robles encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos.
Sedesol prácticamente firmó un cheque en blanco a la UAEM, que contrató a las empresas que quiso y hubo transa y media.
En la SEP cuyo titular es el preclaro integrante de la Pandilla Atracomulca Emilio Chuayffet (ex gobernador priista del estado de México), la ASF detectó que incurrió en simulación de actos administrativos y de documentos; incumplimiento en los servicios contratados, sobreprecios y pagos de servicios sin que se comprobara su utilidad.
La revisión a la Cuenta Pública 2013 encontró hechos de corrupción por 312 millones de pesos. Tres contratos se adjudicaron de forma directa e irregular a la UAEM.
¿Y a Chuayffet y a la ex perredista Robles los investigará la PGR corrupta del hidalguense (también ex gobernador priista) Jesús Murillo Karam?. Imposible, están cortados con la misma tijera…
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