FERRYBALEAR. Agencia EFE Palma.
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Nacional que suponía una reducción de entre el 30 y el 50 % de la multa de 15.9 millones a Balearia por la Comisión Nacional de la Competencia en 2.012 por pactar precios con otras navieras en el transporte entre Península y Baleares.
El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 2012, que reconoció el derecho de Balearia a que se redujera la multa,
En abril de 2010, el Consell de Ibiza denunció a Trasmediterránea y
Baleària ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por
supuestas prácticas ilegales por ponerse de acuerdo para repartirse
el mercado y fijar precios y condiciones comerciales no equitativos
en el transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías entre
la Península y Baleares.
La CNC declaró en febrero de 2012 que cinco navieras habían
infringido la Ley de la Competencia estableciendo carteles entre 2001
y 2010 y les impuso sanciones: para Trasmediterránea 36,1 millones
de euros, para Baleària 15,9, a Isleña Marítima de Contenedores
uno 495.000 euros, a Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas 1,1
millones y a Mediterránea Pitiusa 402.000.
Balearia solicitó una reducción de la multa por facilitar elementos
de prueba de la supuesta infracción, y la CNC reconoció en su
propuesta de resolución el derecho de la naviera a obtener una
reducción de la multa de entre un 30 y un 50 %.
Sin embargo, posteriormente decidió retirarle el beneficio de la
reducción de la multa y sancionó a Baleària con el límite máximo
establecido por la Ley de Competencia, consistente en el 10 % del
volumen de negocios del ejercicio anterior.
Baleària recurrió alegando indefensión por estimar que no fue
informada del cambio por lo que no pudo formular alegaciones ni
proponer pruebas para defenderse. La naviera consideraba que la
retirada del beneficio tuvo como consecuencia "la imposición de
una multa de más de 8.000.000 de euros respecto de lo que le
correspondería".
El abogado del Estado negó la conculcación de ningún derecho
fundamental.
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